La crisis energética presente ya constituye un fenómeno sobre el cual debemos acostumbrarnos a convivir pues se ha transformado en una realidad imposible de ocultar.
Dos circunstancias se han producido. El consumo de energía ha crecido y la producción de energía no acompaño la tendencia con la misma rapidez. Más aún, el aumento de bienes que requieren energía seguirá creciendo y los tiempos para la generación de las obras de producción energética son, en relación, mucho mayores.
En la Argentina existe otro agravante, que también lo proceden números países, el 80 % de la producción de energía depende de  hidrocarburos y estos combustibles tienen un corto periodo futuro de explotación pues las reservas conocidas son pocas y las explotadas se encuentran en la etapa de agotamiento. Se estima que en un par de años se comenzara a importar combustibles y de 10 a 15 se habrá un importante consumo de combustibles extranjeros. Este panorama obliga a considerar un conjunto de acciones si no se quiere ver resentida de manera sensible la calidad de vida moderna. Por un lado desarrollar tecnologías que propicien la generación energética sobre otras alternativas que reemplacen a los hidrocarburos (solar, eólica, biocombustibles, geotérmica, mareomotriz, etc.) y por otro el ahorro y uso racional de la energía. Este esquema, no sólo permitirá mantener en disponibilidad la energía necesaria sino que es posible la generación con métodos mucho menor contaminación que lis concebidos en la era de los hidrocarburos como combustible principal. Uno imagina que este problema, por ser de gran magnitud, debe ser resorte exclusivo de los ámbitos superiores de gobierno (nacional o provincial). No es así, las políticas de ahorro, uso racional y reemplazo tecnológico pueden surgir desde todos los niveles. Desde el individuo o el hogar hasta el marco nacional.
Con este concepto, el municipio no puede quedarse aislado ni desentendido del problema. En el continente europeo de observa como los ayuntamiento no solo genera parte de la energía que consumen sino que además son propiciadores continuos de medidas y normas que ordenan y moderan el ahorro y uso racional. El problema energético ha llegado para quedarse y con el convivimos muchos años.
La resolución y la adaptación supera a la iniciativa de un gobernante por lo tanto se forma indispensable trasformar su marco de tratamiento en una autentica política de Estado. En el diseño de la misma no se deben marginar actores.
El Estado municipal, las asociaciones intermedias y organizaciones sociales preocupadas por el tema y los vecinos deben ser convocados para que el compromiso exceda lo coyuntural y se transforme en un habito cultural generalizado. No alcanza con cambiar las lámparas, es positivo hacerlo, pero también pensemos en adecuar las viviendas para evitar la pérdida calórico, mejorar el diseño para optimizar la iluminación por medio de la luz solar, instalar molinos o paneles, donde sea apropiado, que generen electricidad sustituta, aprovechar los residuos urbanos para producir energía limpia, asesorar sobre el consumo a toda la población para que cuando adquiera en aparato le brinde la prestación necesaria con el menor consumo y mayor seguridad.
Todo esto se puede propiciar en forma sistemática, planificada y ordenada aprovechando el ámbito y la infraestructura municipal.